Un grupo de emprendedores se ha visto frustrado al transcurrir un año en el que han denunciado haber sido víctimas de una presunta estafa por parte de la empresa de envíos internacionales Latimcargo & Trading Inc., que ofrecía servicios de importación de productos desde China y Estados Unidos.
Se trata de un grupo de más de 60 comerciantes que contrataron a la compañía para importar mercancía por vía marítima. Aseguran que confiaron en esa empresa, debido a la campaña publicitaria que se lanzó en Venezuela, la cual contó con reconocidas personalidades, como lo son Daniel Sarcos y Maite Delgado.
Los afectados relatan que luego de contratar el servicio, comenzaron a surgir contratiempos e inconvenientes en la entrega de sus pedidos, asegurando que ante la situación la importadora solamente evadía sus preguntas o respondía con excusas.
Entre las primeras irregularidades, relataron que la mercancía de todos empezó a llegar a partir de enero, y se suponía que debían entregárnosla en febrero, pero que cuando llegó el mes de marzo suenan las alarmas, pues la tuvo conocimiento del tiempo de demora en las entregas.
Anta la situación, sostuvieron una primera reunión con la empresa, cuyas oficinas se ubicaban en la Torre Humboldt, del municipio Baruta”, en Caracas, relató uno de los emprendedores, donde les aseguraron que en un lapso de, máximo, 15 días les entregarían su mercancía, sin embargo, se convirtió en una espera eterna.
“Mientras nosotros esperábamos, a través de las redes sociales Latimcargo & Trading Inc. lanzaba comunicados informando sobre supuestos problemas de liquidez y económicos. Decían que estas razones eran las causantes de la demora”, explicó uno de los emprendedores que pidió no ser identificado.
Aseguran que mucha de la mercancía salió en noviembre del año pasado (2022) y hasta ahora no ha llegado.
Por otra parte, la empresa comenzó a despedir a los trabajadores, muchos de ellos también fueron al Ministerio del Trabajo a denunciar incumplimiento del contrato, generado mayor angustia y zozobra.
La sede física fue clausurada por el Instituto Postal Telegráfico (Ipostel) por no contar con la concesión postal para operar, aunque seguían captando clientes por redes sociales ofreciendo sus servicios, pese a que sus representantes habían argumentado que no tenían liquidez para traer la mercancía.
Debido al retraso en la entrega de los productos, tuvieron que cerrar sus negocios, al no poder generar ingresos, quedando en su mayoría afectados económica, psicológica y físicamente, al impactar en su salud.
A pesar de haber realizado todas las denuncias pertinentes, los emprendedores afirman que hasta los momentos no han recibido una respuesta concreta por parte de la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde), ni del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
Fuente: El Nacional
