El relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, quien concluyó una agenda de trabajo en Venezuela, aseguró que las medidas unilaterales limitan la capacidad del Gobierno de Nicolás Maduro para ejecutar planes sociales en el país.
“Las sanciones han sido un factor, entre otros, que han limitado la capacidad presupuestaria del Gobierno para poner en marcha programas de protección social y prestar servicios públicos básicos”, detalló la organización en un comunicado oficial.
Al respecto, el representante hizo un llamado “a todos los Estados involucrados para que revisen y levanten inmediatamente las sanciones sectoriales impuestas a Venezuela”.
Fakhri emitió esta declaración al término de una visita de trabajo a este país caribeño. Durante su estadía de 14 días, el relator se reunió con funcionarios del régimen venezolano, el poder judicial, instituciones independientes, agricultores, pueblos indígenas, académicos y actores de la sociedad civil.
El experto señaló que la Administración de Maduro ha trabajado para reducir su dependencia de la renta petrolera e impulsar la producción local en comunidades rurales, urbanas y suburbanas.
No obstante, el relator expresó su preocupación por el grado de hambre y desnutrición que afecta a un porcentaje de la sociedad venezolana.
“La inseguridad alimentaria, la desnutrición y el deterioro de los medios de subsistencia ya han provocado la emigración masiva del país”, afirmó.
Fakhri instó a la Administración de Nicolás Maduro a “combatir las causas profundas del hambre y la desnutrición, refiriéndose a informes según los cuales casi 82% de los venezolanos vive en la pobreza y 53% en la pobreza extrema”.
“Lo que se necesita, en cambio, es un sistema nacional basado en el derecho a la alimentación y que aborde las causas profundas del problema. El hambre y la desnutrición son una cuestión de derechos humanos”, aseguró.
Asimismo, el representante de ONU abogó por “desarrollar un plan de acción urgente sobre el derecho a la alimentación, basado en la legislación vigente, a través de un proceso socialmente inclusivo y los mecanismos de participación existentes”.
(DL/Versión Final)
