Gustavo García, Vicerrector Administrativo de la UCAB e investigador, ha manifestado su preocupación por la obligación de que las instituciones educativas contribuyan con un 9% en impuestos destinados a los pensionados.
Ha revelado que se han iniciado gestiones con el Seniat para lograr que el sector educativo sea eximido de este tributo.
García señaló que el impacto de este impuesto sería considerable en las universidades, ya que son entidades de servicio y no persiguen fines lucrativos.
“La única opción que nos queda es repercutir el costo de este impuesto en las familias a través del aumento de precios”, explicó, añadiendo que la UCAB no ha aumentado las tasas de matrícula en un año.
García enfatizó que “este tributo es poco beneficioso para las instituciones educativas en general. El efecto en Fe y Alegría es especialmente significativo”.
Derecho a la Educación Nancy Hernández, miembro del consejo directivo de Fenasopadres, argumentó que este impuesto “viola el derecho a la educación”, ya que “es un servicio público” ofrecido tanto por el Estado venezolano como por el sector privado.
Afirmó que las instituciones educativas del país son asociaciones civiles sin ánimo de lucro “porque ofrecen un servicio y no realizan actividades económicas”.
“Se ha infringido la legislación al trasladar el impuesto a las familias venezolanas y el Estado está eludiendo su responsabilidad como garante del derecho a la educación”, subrayó.
Hernández instó al Estado venezolano en Éxitos 99.9 FM a no gravar al sector educativo “ya que no realiza actividades económicas con fines de lucro”.
