La demanda presentada recientemente por la empresa Kellogg Latin America Company (One) Limited, subsidiaria en Reino Unido de Kellogg’s, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), por el uso indebido de la marca luego de la expropiación de sus plantas de producción en Venezuela hace cuatro años, no es la única.
Una recopilación de los datos del Ciadi, revelan que en 2022 se abrieron otros cuatro procesos contra Venezuela por acciones cometidas durante los gobiernos de Chávez y de Maduro, que podrían haber generado un monto a pagar que asciende a unos $21.900 millones.
Highbury International AVV
A lo largo de los dos últimos años se iniciaron varios arbitrajes, cuyas conclusiones siguen pendientes, tal es el caso del adelantado por Highbury International AVV, Compañía Minera de Bajo Caroní AVV y Ramstein Trading Inc contra la República Bolivariana de Venezuela el 21 de julio de 2023.
Este procedimiento fue abierto en solicitud de las mineras neerlandesas registradas en Aruba Highbury International y Compañía Minera de Bajo Caroní, además de la panameña Ramstein Trading, las cuales reclaman la expropiación de sus empresas y la toma forzosa de sus concesiones en territorio minero venezolano.
Las empresas reclaman un monto cercano a los $210 millones en compensación por la violación de sus derechos para explotar una concesión minera de oro y diamantes que el Estado había concedido a Caromin Venezuela y VMC Mining, subsidiarias de los demandantes.
Nacato N.V. y otros
Otro caso es el de Nacato N.V. y otros contra la República Bolivariana de Venezuela el26 de octubre de 2022, en el que cuando cuatro aseguradoras neerlandesas registradas en Curaçao demandaron a Venezuela también por una serie de expropiaciones en el mercado asegurador venezolano.
Las aseguradoras son Nacato, Nacama, Racana y Pimento, todas propiedade del empresario venezolano Tobías Carrero Nácar y registradas en conjunto como “Institución de inversión, Empresa financiera, Propiedad y comercio de bienes inmuebles”, entidad mediante la cual administraban las aseguradoras Multinacional de Seguros, Seguros Guayana, Interbank Seguros y Adriática de Seguros.
Todas fueron embargadas por el “incumplimiento de un contrato de póliza a todo riesgo” que respaldaba a los equipos de la estatal CVG Venalum.
Vidrio Los Andes C.A.
Otra disputa corresponde al caso de la Fábrica de Vidrio Los Andes C.A. y Owens-Illinois de Venezuela C.A. contra la República Bolivariana de Venezuela el 27 de julio de 2022, donde
una empresa de origen venezolano que fue adquirida a pocos meses de su concepción por Owen Illinois, una multinacional estadounidense especializada en la producción de envases de vidrio.
Ambas compañías denunciaron la expropiación de dos plantas de producción de envases de vidrio en Venezuela en 2010, durante el mandato del entonces presidente Hugo Chávez. En la querella presentada en 2012, la productora de vidrio y su casa matriz exigían una compensación de $1.030 millones para resarcir los daños causados por la expropiación.
SGO Corporation Limited
El último procedimiento legal iniciado en el Ciadi se remonta a junio de 2022 e involucra a la británica SGO Corporation Limited, empresa especializada en el desarrollo de softwares enfocados en soluciones para gobiernos. Una de sus filiales es Smartmatic, que ofrecía al Consejo Nacional Electoral (CNE) todo el respaldo tecnológico de las máquinas de votación.
La diatriba entre el Estado y Smartmatic inició en 2017, después de que se celebraran las elecciones de la ilegítima asamblea constituyente que se convocó sin una consulta popular previa, como establece la Constitución.
Después de que el CNE emitiera los resultados de aquel proceso electoral como un rotundo éxito, Smartmatic denunció públicamente que se habían cometido violaciones a medidas de seguridad electoral empleadas por su sistema, por lo que afirmaron que se trataba de un fraude electoral.
Pocos días después de la denuncia pública de Smartmatic, el CNE anunció que rompería relación con la empresa británica, después de trabajar con estos sistemas durante 13 años.
En este contexto, SGO Corporation Limited denunció que Venezuela inició una “campaña de persecución” contra Smartmatic. Poco después, la empresa informó que entrarían en un proceso de querella tanto por el fraude como por la expropiación del sistema, exigiendo unos $1.500 millones de indemnización.
Kellogg’s
Kellogg’s, famosa por sus productos de cereales y snacks, ha decidido sumarse a las numerosas empresas que han tomado medidas legales contra Venezuela. Alegan que el Gobierno de Maduro ha infringido los derechos de inversión y ha perjudicado sus operaciones en el país; no obstante, espera que esta demanda le permita recuperar las pérdidas sufridas y obtener una compensación justa por los daños ocasionados.
DL/Tal Cual
