En el estado Carabobo fue desmantelado un centro de datos significativo, el tercero en una semana en el contexto de un operativo para desconectar la totalidad de las granjas de minería de Bitcoin que se alimentan del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Al respecto, Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, anunció el allanamiento sin revelar la ubicación exacta, destacando la continua desconexión de máquinas que consumen “muchísimos megavatios a precio de gallina flaca”.
Los videos muestran una granja de dos pisos repleta de mineros ASIC. El gobierno atribuye a las granjas de criptomonedas la culpa de las fallas eléctricas recurrentes en el país.
El gobernador Lacava ha expresado que las granjas causan consecuencias negativas para los ciudadanos, comprometiendo su tranquilidad, a pesar de no mencionar el déficit energético de 3.000 megavatios reportado por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, enfatiza que no tolerarán más estas realidades dañinas.
El segundo allanamiento en Carabobo en menos de una semana se suma al decomiso de 11.000 equipos de minería anunciado el 17 de mayo. Lacava prometió más confiscaciones, aunque no especificó la cantidad de esta última redada.
Además, el gobierno actuó contra una granja en Aragua, incautando 2.304 mineros ASIC. Hasta la fecha, se han allanado tres granjas: dos en Carabobo y una en Aragua, con un total de 12.304 ASIC confiscados, superando las cifras de Paraguay.
La desconexión de mineros en Venezuela coincide con la investigación del esquema Pdvsa-Cripto, el mayor caso de corrupción gubernamental con criptomonedas, que involucra la instalación de granjas de minería de Bitcoin y ha llevado a la detención de figuras políticas y empresariales prominentes.
El escándalo también ha afectado a la Sunacrip, el ente regulador de la minería de Bitcoin y criptoactivos en Venezuela, sumiendo al sector en incertidumbre regulatoria. A pesar de que la minería está legalizada por decreto desde 2020, los allanamientos continúan, generando preocupación entre los operadores.
Alexis Lugo, director ejecutivo de Criptoneros, critica el control excesivo y la falta de transparencia del gobierno, afirmando que estas acciones retrasan el ecosistema de criptomonedas y dañan un sector que ofrece negocios y empleo.
Advierte que la incertidumbre y las pérdidas económicas podrían impulsar la migración geográfica del sector minero.
Con información de Criptonoticias
