El Ministerio de Trabajo de España ha lanzado un ultimátum a la compañía de reparto Glovo, la principal empresa del sector en el país, que opera en 1.500 ciudades de más de veinte países.
Glovo mantiene desde hace años un pulso con el gobierno español al emplear a sus trabajadores como falsos autónomos en vez de hacerlo con un contrato regular de asalariados como estipula la ley. Ahora, el ministerio encabezado por Yolanda Díaz ha decidido que emprenderá acciones legales si continúa con su negativa a cumplir la legislación vigente.
La aprobación en 2021 de la conocida como ‘ley rider’ brindó nuevos derechos a los trabajadores de este tipo de empresas, mientras que el año pasado se modificó el Código Penal para incluir penas de cárcel de seis meses a seis años para los responsables de las compañías que realicen prácticas ilegales con sus trabajadores.
Antes de eso, una sentencia del Tribunal Supremo de 2020 ya falló a favor de los repartidores, estableciendo la naturaleza laboral de su relación con la empresa y rechazando su condición de autónomos o trabajadores por cuenta propia, como son más conocidos en Venezuela.
La diferencia entre ambas condiciones es sustancial en lo que se refiere a los derechos de los trabajadores. Un trabajador autónomo o independiente debe pagar sus cuotas de seguridad social, así como sus vacaciones, y tiene peores condiciones en cuanto al seguro de desempleo, baja por enfermedad o jubilación, entre otras. En el lado contrario, supone un ahorro económico para la empresa.
A pesar de la legislación y las sentencias en contra, la empresa fundada por Óscar Pierre en 2014, a diferencia de otras empresas del sector, ha hecho caso omiso y ha continuado empleando a falsos autónomos. Se calcula que actualmente son alrededor de 40.000.
Por el camino, la compañía no ha parado de ser sancionada con multas económicas por Inspección de Trabajo: 79 millones de euros en septiembre de 2022 y otros 57 millones en enero son algunas de las más elevadas. En total, se calcula que sus infracciones acumulan más de 200 millones de euros en multas, todas ellas recurridas por la empresa ante los tribunales.
Ahora, el Ministerio de Trabajo remitirá toda la documentación a la Fiscalía para que actúe contra los responsables de Glovo por la vía penal.
(DL/El País)
