Las medidas para detener la migración irregular a Panamá se intensificarán a partir del lunes 2 de octubre con los nuevos ajustes a las leyes fronterizas del país centroamericano.
El Gobierno panameño había advertido desde el viernes pasado que aumentaría sus controles y la deportación de los migrantes que ingresan por la selva del Darién. “Dentro de nuestras capacidades y presupuesto incrementaremos las acciones para ir paulatinamente y progresivamente aumentando las deportaciones y expulsiones”, anunció Samira Gozaine, directora nacional de Migración.
En lo que va de año, según datos oficiales, cerca de 350 mil migrantes han cruzado el Darién. De esa cantidad, indicó Gozaine, han deportado a casi 500 personas.
Reforzarán las medidas de seguridad en los poblados fronterizos, cambiarán de ubicación algunos puestos de control policial, reducirán de 90 a 15 días el período de estadía de turistas y aumentará a mil dólares por persona la exigencia de solvencia económica para permitir su ingreso, que hasta ahora está fijada en 500 dólares.
Las autoridades panameñas aclararon en un comunicado que los operativos que establecerá el Servicio Nacional de Migración para el perfilamiento no afectarán a los turistas, inversionistas y ejecutivos que lleguen al país.
Advirtieron que impedirán el ingreso de ciudadanos si los funcionarios migratorios determinan en las entrevistas que podría tratarse de migrantes irregulares.
Señalaron que la medida se fundamenta en el Decreto Ley 3 de 2008, en el Decreto Ejecutivo 320 de 2008 y en la Resolución 22.068 de 2021.
Esas normas restablecieron “el término legal autorizado” para la estancia de las personas que ingresen en calidad de turistas a Panamá en un período de hasta tres meses, contados a partir del momento del ingreso de la persona. Sin embargo, habrá una excepción de los ciudadanos estadounidenses y canadienses que mantienen un período de seis meses desde su ingreso y que exige una solvencia económica cónsona con la estancia.
DL / Versión Final
