El domingo 23 de julio, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) detuvieron a 33 hombres por presuntamente participar en una fiesta sexual que se llevó a cabo en un local privado localizado en la ciudad de Valencia del estado Carabobo, alegando que los implicados estaban grabando las acciones con el objetivo de comercializar el material.
El procedimiento ocurrió específicamente en un local llamado Avalon Club, que funciona como un sauna en el sector Los Sauces, y los aprehendidos, con edades que van de los 21 a los 57 años, fueron trasladados a la comandancia principal de la PNB ubicada en Los Guayos.
Los oficiales publicaron fotografías e incautaron en el procedimiento una gran cantidad de teléfonos celulares, equipos de grabación y preservativos. Además, las identidades de los detenidos fueron reveladas en una minuta policial, lo que expuso a estas personas al escarnio público, posibles represalias y discriminación por su orientación sexual.
¿Tan solo por su sexualidad?
Como el Código Penal no establece que sea un delito las relaciones sexuales consensuadas entre adultos, la situación ha generado polémica debido a que muchas personas consideran que el acto de exponer a los detenidos es una falta de respeto a la diversidad y la libertad en el país.
La Asociación Civil Venezuela Igualitaria denunció la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado en contra de los miembros de la comunidad LGBTIQ+ y pidieron al fiscal general de la República que investigue lo sucedido.
«Denunciamos ante el fiscal Tarek Wiliam Saab que investigue y castigue la actuación de la PNB en el caso del sauna allanado en Valencia el 23 de julio sin más motivo que por ser un lugar LGBTI, sometiendo a los detenidos al escarnio público por su sexualidad y condición de salud», señaló la organización en Twitter.
Pornografía criminal
La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de Venezuela tipifica como un crimen la pornografía. En el sexto capítulo de la herramienta legal, que trata de los delitos relativos «contra la indemnidad sexual», se establecen condenas contra la elaboración y distribución de este tipo de material.
Específicamente, establece que «quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada explote la industria o el comercio de la pornografía para reproducir lo obsceno o impúdico a fin de divulgarlo al público en general, será penado o penada con prisión de diez a quince años».
Sin embargo, la vigencia de esta ley, que data de 2012, no ha evitado que algunos venezolanos participen en la actualidad de estas actividades, principalmente a través de plataformas en las que venden el material que producen ellos mismos, generalmente en sus hogares, lo que dificulta a las autoridades sancionarlos.
Posible imputación
Para horas del mediodía de este lunes 24 de julio, unas 23 personas habían sido liberadas y sin ningún tipo de cargos, reportó el Diario La Calle. Pero otras 10 permanecían detenidas, que al parecer serían presentadas ante el Ministerio Público por el presunto delito de «ultraje al pudor», previsto en el artículo 382 del Código Penal Venezolano bajo el título octavo referido al «los delitos contra las buenas costumbres y buen orden de las familias».
Familiares, ONG de derechos humanos, abogados y una representante de la Defensoría del Pueblo identificada como Norma Rodríguez, acudieron al sitio donde se encuentran retenidos los 10 hombres restantes para conocer su estado de salud, sin embargo esa solicitud fue negada. Exigen la liberación total y sin cargos de los ciudadanos.
(Redacción Lido/con info de El Nacional)
